En septiembre de 2012 subía el IVA que
se aplica por la práctica deportiva del 8 al 21%. Esta subida
espectacular, en la mayoría de los casos, no ha podido ser absorbida
por las empresas que gestionan instalaciones deportivas públicas y
privadas. Esto ha provocado un encarecimiento de las actividades
deportivas en estos centros del 13%.
Debemos tener en cuenta que esta subida
se produce en un momento de recesión económica que afecta de forma
muy considerable a las clases medias, que son el principal cliente de
este tipo de instalaciones. Según varias fuentes entre el año 2008
y 2012 se ha producido una deflación de los salarios de
aproximadamente el 20%, además del incremento del número de
personas sin trabajo hasta casi los 6 millones.
La consecuencia inmediata ha sido un
descenso considerable en el número de ciudadanos que vienen a
practicar deporte a estas instalaciones. Es muy difícil saber una
cifra exacta, pero podemos asegurar que está entre el 20 y 30%.
Conviene recordar que la actividad
deportiva regular mejora la salud física y mental de las personas.
Esto está demostrado científicamente y nadie lo cuestiona. Por
ello, parece razonable que los gobiernos tienen que promover la
práctica deportiva. Primero para mejorar la salud de sus
ciudadanos, pero también para ahorrar costes en sanidad y en tercer
lugar, no menos importante en estos momentos, para levantar la moral
de una sociedad inmersa en una depresión colectiva.
Somos muchos los profesionales del
sector los que no entendemos que los gobiernos, en su mayoría, estén
castigando la práctica deportiva con subidas de impuestos y el
descenso en inversión de casi el 90%. Es verdad que en el corto
plazo la subida en el IVA aportará más ingresos al Estado, y que
el ahorro en inversión supone un ahorro en el gasto público. Sin
embargo en el medio y largo plazo tendrá consecuencias muy
negativas.
Además, la subida del IVA y el
descenso de las inversiones públicas, está ahogando a cientos de
empresas y destruyendo miles de empleos. Es decir, hay menos
actividad, menos ingresos en concepto de impuestos, más gasto para
atender las prestaciones por desempleo, más morosidad entre
empresas, más economía sumergida, más fraude fiscal, etc.
El gobierno debería valorar los
efectos negativos y positivos de la subida del IVA del 8 al 21% en
los ingresos y el gasto público y por supuesto, tener en cuenta los
efectos negativos de esta medida para la salud.
Rectificar es de sabios y hay muchos
argumentos para que el gobierno reconsidere su decisión y
rectifique.
No hay comentarios:
Publicar un comentario