¿Es una buena solución para resolver la
morosidad de las AAPP?
La idea inicial del Ministerio de Hacienda,
tal y como fue concebida, era buena. Se trataba de poner el contador de la
deuda de ayuntamientos y CCAA a cero, con el objetivo de que a partir de ese
momento las AAPP cumplieran la Ley de Morosidad, que les obliga a pagar en 30
días.
Además, las empresas que trabajamos para el
sector público podríamos recuperar la maltrecha tesorería, al menos las que
todavía seguíamos funcionando.
Sin embargo el objetivo del Ministerio no
parece que se haya cumplido, la mejor prueba de ello es que acaba de ponerse en
marcha el III Plan de Pago a Proveedores. Es decir, ayuntamientos y CCAA siguen
sin cumplir la Ley de Morosidad, a pesar de que el ministro Montoro prometió
que a partir del verano todas las AAPP pagarían sus facturas en menos de 30
días.
Todo parece indicar que lo que nació como una
buena iniciativa se ha convertido en una auténtica chapuza. Si no se remedia,
parece que no hay predisposición para hacerlo, cada año tendremos un plan de
pago a proveedores de las AAPP.
Lo que parecía la panacea, se ha convertido en
una pesadilla para las empresas que trabajan para el sector público. Ya el
primer plan fue, contrariamente a lo que se ha vendido, más perjudicial que
beneficioso para la mayoría de las empresas. Las empresas cobraron la deuda acumulada durante meses e incluso años,
pero lo que no se ha dicho es que no cobraron toda la deuda, sino una parte.
Se nos quedó- a la sociedad- la sensación de
que el Gobierno estaba haciendo un favor a las empresas y autónomos, cuando la
realidad es que se limitó a pagar solo una parte de lo que debía.
Pondré como ejemplo a Calidad Deportiva SL,
sociedad de la que fui gerente. Cuando se puso en marcha el I Plan de Pago a
Proveedores la deuda que tenían los ayuntamientos con esta empresa era de
aproximadamente 9 millones de euros, mucha de ella con sentencia judicial
firme. La mayor parte de esta deuda estaba endosada a los bancos, al menos unos
5 millones. De esa deuda se cobró algo menos de 7 millones de euros, ya que
algo más de 2 millones de euros correspondían a intereses de demora, que por
supuesto Calidad Deportiva SL había pagado a los bancos. Pues bien, el RD que
reguló el plan obligo a las empresas a renunciar al cobro de estos intereses.
En aquel momento las empresas denunciaron lo
injusto que era el Gobierno, pero la situación de la tesorería era tan
acuciante que la mayoría cogió el principal para seguir trabajando y renunció a
los intereses. No quisieron ver que se estaban poniendo la soga en el cuello,
ya que estaban renunciando a una parte importante de su tesorería.
Calidad Deportiva SL renunció a algo más de 2
millones de euros. De disponer de esa tesorería ahora no estaría pasando las dificultades
que tiene para hacer frente a sus compromisos. El Gobierno dio pan para aquel
momento y hambre para el futuro.
El Gobierno se equivocó, esos cientos e
incluso miles de millones habrían ayudado a dinamizar la economía, y habrían
evitado la destrucción de miles de puestos de trabajo y la desaparición de
muchas empresas y autónomos.
Con el III Plan en marcha nada parece haber
cambiado. Las AAPP siguen sin cumplir la Ley de Morosidad (como pueden
exigirnos el cumplimiento de la Ley a los ciudadanos, las empresas, autónomos,
etc., cuando ellos no la cumplen). Muchos ayuntamientos y CCAA siguen
financiándose con los proveedores, prometen que pagarán pero cuando llega el
momento de hacerlo no lo hacen. Si, ya se la respuesta del lector, que no les
vendan a las AAPP, pero no es esa la solución al problema.
Desde que el Gobierno anunció el III Plan de
Pago a Proveedores, en junio, han sido cientos los ayuntamientos y CCAA que se
han acogido. De momento, si alguno tenía intención de pagar a las empresas o
autónomos sus deudas en el corto plazo, no lo harán, y como poco las empresas
que se acojan no van a cobrar sus facturas antes de noviembre o diciembre. Por
supuesto renunciando a los intereses que legítimamente les corresponden.
Los ayuntamientos y CCAA esperan un plan
anual, al menos hasta superar la crisis económica, por tanto seguirán sin cumplir con la Ley que les obliga a
pagar en 30 días, con el beneplácito del Gobierno.
La solución es sencilla, muy sencilla. Sin embargo, no existe la voluntad
política de ponerla en marcha. Se
debió de poner el contador a cero y de inmediato crear un Fondo que garantizase
a los proveedores el cobro de sus facturas en los 30 días que marca la Ley.
El funcionamiento de este Fondo de Garantía
también es muy sencillo, las empresas que hayan vendido a las AAPP y no cobrado
sus facturas en 30 días, las presentan al Fondo de Garantía con el
correspondiente reconocimiento de esa deuda, firmado por el Interventor del
ayuntamiento o CCAA, el Fondo le paga inmediatamente y luego es este quien se
encarga de descontarla de la PIE (transferencia que tiene que hacer el Gobierno central a ayuntamientos y CCAA de los tributos
que recauda el Estado)
Las empresas cobran sus facturas en los plazos
marcados por la Ley, no se generan intereses de demora y por tanto disminuye la
necesidad de empresas y autónomos de financiación, y lo que es más importante
las AAPP dejarán de financiarse con los proveedores y gastarán solo lo que
tienen.
Como verán la solución técnica existe y es
buena para todos, falta la voluntad política de ponerla en funcionamiento.
